Asociación para la Reforma de las Pensiones

Nuestro Manifiesto

Manifiesto por la Reforma del Sistema de Pensiones

El Manifiesto por la Reforma del Sistema de Pensiones desarrolla las ideas de la Declaración de Salamanca y constituye una denuncia del fracaso del sistema ”de reparto” y del Pacto de Toledo, una explicación detallada del sistema de capitalización personalizada defendido por la ARP  y, a la vez, un llamamiento a la ciudadanía a sumarse a la causa de un sistema libre y justo de pensiones de jubilación. Bájatelo en PDF o léelo a continuación. Este es su texto íntegro:

Manifiesto por la Reforma
del Sistema de Pensiones

Al iniciar su andadura, la Asociación para la Reforma de las Pensiones (ARP) se siente obligada a plasmar en este Manifiesto las ideas que le dan vida, motivando así su constitución y haciendo un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a la causa defendida.


1. El injusto sistema de reparto

La ARP considera la implantación de sistemas de pensiones para la vejez (y también para contingencias como el desempleo o la discapacidad) como uno de los grandes avances de la civilización. La cobertura universal de tales sistemas es una conquista social irrenunciable que ha sido capaz de articular el consenso generalizado de las fuerzas políticas y de los agentes sociales en todos los países desarrollados. La generalización del sistema de pensiones constituye un elemento esencial de la red de seguridad que impide a las personas caer en situaciones extremas.

Pero los sistemas europeos de pensiones nacieron en épocas ya superadas. Las características de las sociedades a las que servían han cambiado sustancialmente y, sin embargo, los modelos de cotización y prestación no han evolucionado de forma paralela. Hoy, la aplicación de esos mismos sistemas de pensiones en unas sociedades y en un mundo completamente diferentes, sin adaptarlos a los nuevos tiempos, constituye un error que resulta evidente al contemplar las injusticias que provoca. La idea de un sistema de pensiones implantado como derecho universal de todos los trabajadores es encomiable, pero su desarrollo actual se queda muy corto y produce resultados injustos, como consecuencia de la despersonalización de los aportes de los trabajadores y su fusión en un paquidérmico fondo común destinado, en realidad, a la atención de los pensionistas del momento.

La ARP nace para denunciar esas injusticias, impulsar el debate social y perseguir una reforma en profundidad que nos dote de un sistema de pensiones justo y sostenible, basado en la libertad y la seguridad tanto de los trabajadores como de los pensionistas.

El sistema de pensiones para la vejez imperante en Europa y en otros países desarrollados es el denominado “de reparto”. Este sistema exige de los trabajadores en activo unas cotizaciones que deben pagar al Estado durante toda su vida laboral. Las cantidades aportadas dejan de pertenecer al cotizante y no generan para éste derechos directos ni proporcionados. El trabajador no recibirá al jubilarse ni siquiera una devolución parcial de lo aportado, sino la pensión que el Estado en ese momento considere adecuada en base a diversos criterios sociales y macroeconómicos.

En el sistema de reparto, es el gobierno de cada momento quien decide todo: el monto de las cotizaciones y sus intervalos, la edad de jubilación de las personas, la cantidad de años exigible para percibir una pensión y la manera de calcular su cuantía. Además, es el propio Estado quien gestiona en exclusiva los fondos que recauda. Los resultados de esa gestión están a la vista.

La ARP considera que los resultados prácticos del sistema de reparto son injustos para los trabajadores y para los pensionistas, y producen unos efectos adversos en la sociedad y en la economía.

 
2. Efectos del sistema de reparto sobre los trabajadores en activo

A los trabajadores, el sistema les obliga a entregar al Estado unas cantidades arbitrarias, idénticas para cada intervalo de cotización. No existe la menor flexibilidad para, por ejemplo, aportar de más durante las etapas de bonanza y así poder cotizar menos cuando venga una mala época. El trabajador pierde todo derecho sobre las cantidades aportadas, y nadie le lleva la cuenta de cuánto ha cotizado y qué valor actual tendría ese dinero. La ARP demanda un cambio social y cultural que favorezca el conocimiento y la cabal comprensión por parte de los trabajadores respecto a su aportación acumulada al sistema.

Pero quizá lo más doloroso sea la certidumbre de que, si el trabajador fallece, su familia no recuperará de forma directa ni siquiera una parte de lo que aportó. Tampoco podrá rescatar él mismo parte de los fondos en caso de una necesidad grave. En la práctica, los trabajadores saben que están cotizando para que el Estado atienda (y mal) a los pensionistas actuales y no a los futuros.

 
3. Efectos del sistema de reparto sobre los pensionistas

A los pensionistas, el sistema les da la cantidad que estima conveniente (o simplemente la cantidad posible en función del estado de las arcas públicas). Un cálculo de todo lo cotizado durante una vida laboral entera, en moneda constante y con una capitalización pesimista, arrojará generalmente un monto acumulado muy superior al dinero que va a percibir el pensionista durante lo que le quede de vida. La cuantía de la pensión vendrá determinada por un cómputo de los últimos quince años de cotización, y casi siempre será inferior al sueldo que alcanzó el trabajador en sus últimos años de trabajo.

En muchos casos el brusco descenso del nivel de vida al jubilarse llega a ser dramático, generando una sensación de pobreza, dependencia e indefensión en nuestros mayores. En la práctica totalidad de los casos, los pensionistas cobran cantidades injustamente bajas porque el sistema de reparto reduce la riqueza colectiva en lugar de preservar e incrementar la de cada cotizante. La sensación generalizada entre los pensionistas es la de haber sufrido un robo continuado durante décadas de trabajo, y la de sentirse maltratados por la sociedad y obligados a vivir una vejez de privaciones y carencias.

Los pensionistas reciben una cantidad u otra en virtud de intervalos decididos por el gobierno del momento, sin que se aplique una justa proporcionalidad directa a las aportaciones realizadas. Además, el sistema prevé topes máximos de pensión pero no de cotización. Y por supuesto, el pensionista no puede optar por recibir de golpe una parte del dinero para, por poner unos ejemplos, cancelar su hipoteca, montar un negocio, comprar un inmueble o ayudar a sus hijos, porque la pensión siempre se percibe en forma de renta mensual.

Quizá uno de los casos más trágicos sea el de las personas que, poco antes de jubilarse, descubren que padecen una enfermedad terminal: toda una vida de cotización no les habrá servido de nada porque el sistema no les va a devolver lo aportado, que podría ser crucial para costearse un tratamiento no cubierto por el sistema público de salud o por su seguro privado.

En aquellos casos en que el jubilado no pudo cotizar bastante durante su vida laboral, recibirá una miserable pensión “no contributiva” con la que difícilmente podrá sobrevivir. Esto se debe a que el sistema, pretendidamente solidario, carece de un fondo de solidaridad que cotice por quienes temporal o definitivamente no puedan hacerlo. La ARP denuncia esta grave carencia del sistema actual, que en vez de cotizar por quienes no pueden, se cruza de brazos y les condena a la pobreza durante la vejez.

Finalmente, la lógica del sistema de reparto hace necesario igualar la edad de jubilación de las personas, con independencia del capital que hayan aportado y acumulado, y al margen de cualquier otra consideración. Esto impide a quienes aman su trabajo continuar más allá de la edad prevista, y a quienes desean retirarse más temprano, hacerlo aunque hayan cotizado sobradamente. Además, las diferencias de longevidad entre individuos, determinadas frecuentemente por la genética o por las dolencias de cada persona, o incluso por zonas, por tipos de trabajo desempeñado o por género, hacen particularmente dramática la inflexibilidad en las  edades de jubilación, ante la cual nada puede hacer la persona afectada. Como toda generalización, la del momento de jubilarse es, sencillamente, injusta.

 
4. Efectos del sistema de reparto en la sociedad

En la sociedad, los efectos del sistema de reparto son muy negativos. Por un lado, el sistema de reparto encarece el trabajo, lo que incide negativamente en el empleo y fomenta la contratación precaria o incluso irregular. Por otro lado, los trabajadores perciben acertadamente la cotización como una especie de impuesto, y no como una forma de ahorro e inversión. Son especialmente los jóvenes quienes se sienten robados mediante unas cotizaciones que, como intuyen acertadamente, nunca recuperarán. Esto hace que muchos traten de evitar el pago, lo que incrementa la economía sumergida. La injusticia del sistema de reparto se hace aún más palpable en el caso de los trabajadores autónomos.

Uno de los efectos sociales más nocivos del sistema de reparto es la politización de las pensiones. Como es el Estado quien decide todo (cuánto se cotiza, cuánto cobran los jubilados, a qué edad puede uno retirarse, etc.), los diversos partidos utilizan la política de pensiones como arma electoral, máxime si tenemos en cuenta que la inversión de la pirámide demográfica hace de los pensionistas un colectivo estratégico para ganar unas elecciones.

Pero el efecto más lamentable del sistema de reparto es el empobrecimiento generalizado de todo un segmento de la población: nuestros mayores. Las personas que llevan toda una vida trabajando se convierten, al jubilarse, en rehenes de la voluntad social y política de las generaciones siguientes, ya que en realidad son ellas quienes les pagan. Todo lo que ellos cotizaron esforzadamente durante décadas ya se gastó tiempo atrás para atender a otros pensionistas, en un círculo vicioso cuya ruptura es hoy una necesidad social acuciante.

Así, los ancianos saben que dependen de la buena voluntad de los jóvenes, y el conflicto intergeneracional está servido cuando la demografía no acompaña, cuando apenas dos trabajadores deben soportar la pensión de cada jubilado, por baja que sea.

El sistema de reparto hace necesaria la intervención de las familias para completar de alguna manera el ingreso de sus mayores. Esto crea numerosas injusticias, ya que unas familias pueden y quieren ayudar a sus padres y abuelos, y otras no. Por supuesto, los ancianos sin descendientes se ven particularmente penalizados. Y los trabajadores en activo con padres ancianos, sobre todo si son hijos únicos, se ven obligados a contribuir doblemente al sistema: por un lado, con unas cotizaciones desmedidas y, por otro, ayudando directamente a sus propios mayores.

Y sin embargo, los jubilados deberían ser generalmente las personas proporcionalmente más acomodadas en todas las capas de una sociedad, puesto que llevan toda una vida trabajando, ahorrando e invirtiendo. Pero el sistema de reparto se ha quedado con su dinero, no lo ha capitalizado y se lo ha gastado en atender sus obligaciones anteriores, y ahora les condena a vivir con mucho menos de lo que les corresponde y, con frecuencia, en condiciones cercanas a la pobreza.

La ARP considera injusto y muy lamentable que se haya instalado en nuestra cultura, con aterradora normalidad, la idea de que los mayores son por su propia naturaleza una especie de discapacitados económicos a los que hay que ayudar con todo tipo de descuentos en el transporte y en los espectáculos, con vacaciones organizadas por el IMSERSO y con otros beneficios que no serían ni remotamente necesarios si el sistema de reparto no hubiera empobrecido a estas personas.

Por todo lo expuesto, consideramos que el sistema de reparto entraña una estafa social sostenida durante décadas en perjuicio de los trabajadores, de los pensionistas y del conjunto de la sociedad.

 
5. La falsedad del Pacto de Toledo

La ARP denuncia el Pacto de Toledo como una gran falacia de la que son cómplices todos los partidos políticos principales y los agentes sociales. El objetivo de esta mentira, sostenida desde mediados de los noventa, ha sido y es mantener a la sociedad inconscientemente tranquila respecto a la supuesta robustez del sistema de reparto, y evitar a cualquier precio una reforma profunda que lo sustituya por un sistema de capitalización personalizada para cada trabajador, completado con un fondo de solidaridad que cotice por aquellos que no pueden hacerlo.

Las innumerables voces que han cuestionado el Pacto de Toledo han chocado invariablemente con un muro de silencio mediático, advertencias veladas y estrategias de desprestigio. La continuidad del modelo actual de pensiones para la vejez ha adquirido las características de un tema tabú sobre el que resulta difícil discrepar en público sin verse automáticamente desacreditado por los múltiples portavoces del establishment político, sindical y empresarial. Ante un consenso tan vasto y férreo, claman en el desierto quienes, comprendiendo la realidad que oculta el Pacto, denuncian su inviabilidad y alertan a la sociedad sobre lo insostenible del sistema de reparto y sobre la imperiosa necesidad de sustituirlo.

La ARP surge para unir a todas esas personas con independencia de sus ideas políticas. Ya son muchos los ciudadanos que desde cualquier punto del espectro ideológico reconocen el fracaso del Pacto de Toledo y del sistema de pensiones obsoleto y empobrecedor que ese acuerdo y sus partícipes defienden contra viento y marea. Esos ciudadanos disconformes con su pensión actual o preocupados por su pensión futura, encontrarán en la asociación que hoy fundamos un movimiento civil decidido a quitarle a la sociedad la venda que décadas de inercia y diversos intereses políticos y económicos han colocado sobre sus ojos.

La ARP se propone articular la resistencia ciudadana frente al sistema de reparto y encauzar el creciente clamor popular por una reforma profunda que libere a los trabajadores individualizando el sistema de pensiones, y que les dé la seguridad que merecen y necesitan basando su futura pensión en la sensata capitalización de sus aportaciones. Respecto a los pensionistas actuales, la situación es por desgracia irreversible pero les ofrecemos al menos el consuelo moral de luchar para que sus hijos y nietos no sufran la misma estafa que ellos han tenido que soportar, junto al compromiso de defender siempre procesos de transición entre ambos sistemas que no se financien a expensas de los pensionistas del momento.

 
6. El agotamiento del sistema

La ARP sostiene que las previsiones económicas y demográficas en las que se basan los agentes sociales y políticos reunidos en torno al Pacto de Toledo son exageradamente optimistas. Incluso si se cumplieran, el sistema de reparto seguiría siendo injusto, inflexible, arbitrario y empobrecedor. Pero, además, no pueden cumplirse. Ni siquiera el fenómeno inmigratorio ha logrado conjurar la sombra de quiebra del sistema actual de pensiones. La crisis económica mundial desatada en 2008 no ha agravado en realidad esta situación, al menos a corto plazo, sino que ha revelado la auténtica faz del sistema de reparto ante muchos ciudadanos que ahora comprenden mejor su naturaleza y efectos. Por eso es ahora cuando están surgiendo muchas más voces críticas que se atreven por fin a arrancarse la mordaza y decir que el sistema de reparto no funciona.

El fondo del debate no es ideológico sino técnico. El modelo de reparto está agotándose porque no estaba pensado para las circunstancias sociales, demográficas, económicas y políticas en las que ahora vivimos, muchas décadas después de su puesta marcha. Cuando en la mayor parte de los países desarrollados cada pensionista debe ser soportado por dos o tres trabajadores en activo; cuando la mejora de la sanidad ha revolucionado la longevidad; cuando la pirámide demográfica se ha invertido; cuando las circunstancias macroeconómicas son totalmente diferentes a las que prevalecían cuando surgió el sistema; y cuando los ciudadanos han adquirido en otros órdenes de su vida un grado de libertad y de seguridad que ahora exigen también en lo relacionado con sus pensiones, resulta evidente que el sistema requiere una reforma en profundidad.

 
7. La alternativa capital

La misión última de la ARP es conseguir la sustitución del sistema de reparto, abocado a la bancarrota, por un sistema que proporcione seguridad y libertad a los trabajadores y a los pensionistas.

Consideramos que todo ser humano tiene el derecho a una pensión digna en la vejez, y el deber de cotizar durante su vida laboral para generar los fondos con los cuales, prioritariamente, se atenderá esa pensión. Al mismo tiempo, somos conscientes de que, por diversas circunstancias, muchas personas se ven temporal o definitivamente imposibilitadas para efectuar tales cotizaciones. Creemos que estas personas deben recibir la solidaridad social, cotizando por ellas el Estado.

El sistema de reparto es una maquinaria arcaica y oxidada que asfixia como un férreo corsé a trabajadores y pensionistas. Frente a ella, proponemos un sistema completamente alternativo: el sistema de capitalización personalizada.

Es de justicia que la aportación de cada trabajador a lo largo de su vida laboral, incrementada con la capitalización obtenida, sea preservada para devolvérsela en forma de pensión a ese mismo trabajador, en lugar de perderse en un opaco fondo común que no genera derechos proporcionales al monto aportado. Naturalmente, una pequeña parte de las aportaciones irá al fondo de solidaridad.

Es de justicia, igualmente, que el trabajador pueda conocer en todo momento el saldo de su fondo de aportaciones para la jubilación, y estimar la proyección del mismo a la fecha prevista de retiro. Esta transparencia da seguridad al trabajador, que percibe la cotización como una sólida inversión, aunque sea obligatoria.

Es razonable que las personas puedan cotizar de más cuando les va bien y cotizar un poco menos o dejar de hacerlo si durante una etapa les van mal las cosas, siempre que en momentos anteriores de su vida laboral hayan cotizado por encima del mínimo obligatorio. Nos parece justo que, ante determinados casos de extrema gravedad regulados por ley, los trabajadores puedan rescatar de forma anticipada una parte del capital excedente acumulado. Y creemos de justicia elemental que, si el trabajador fallece antes de disfrutar la jubilación, su familia pueda cobrar la mayor parte del dinero que con tanto esfuerzo aportó, destinándose el resto al fondo de solidaridad que proponemos.

Es de sentido común que el fondo de cada trabajador se incremente con el paso de los años, ya que incluso las inversiones más seguras y prudentes producen rendimientos de importancia sobre un periodo de treinta o cuarenta años. En el sistema de capitalización, los jubilados normalmente mantienen o incrementan su sueldo, mientras que, en el sistema de reparto, jubilarse equivale a reducir drásticamente el ingreso mensual.

El sistema de capitalización permite a los trabajadores, dentro de unos límites y en función del capital acumulado en cada caso, escoger la fecha de su jubilación en función de sus preferencias personales, en vez de verse obligados a jubilarse cuando quiera el gobierno de turno.

La despolitización de las pensiones es completa en el sistema de capitalización, ya que ni su monto ni la cuantía de las aportaciones ni la edad de retiro dependen de decisiones gubernamentales, sino que pertenecen exclusivamente a cada trabajador.

 
8. La gestión del sistema

La ARP considera crucial para el futuro de millones de trabajadores impulsar la sustitución del sistema de reparto por el de capitalización personalizada. Otro debate es la gestión de este sistema. A veces se da por sentado que al sistema de capitalización le corresponde una gestión ejercida por entidades financieras especializadas, pero lo cierto es que también puede ser administrado por el Estado. Lo importante no es quién gestione el sistema sino la personalización del mismo para cada trabajador, complementada con el fondo de solidaridad propuesto.

En cualquier caso, el sistema de capitalización personalizada proporciona una opción que en el sistema de reparto no existe: la intervención de gestores alternativos al propio Estado, permitiendo al trabajador cambiar de un gestor a otro en función de su desempeño. Esto puede hacerse mediante instituciones gestoras sin ánimo de lucro, análogas a las actuales mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS). Por lo tanto, los fondos gestionados serían de titularidad pública y no se verían afectados en caso de que la institución gestora atravesara dificultades, pero se garantizaría al trabajador el derecho a escoger entre diversas opciones, incluido la propia gestión estatal.

La ARP asume entre sus objetivos ser también un foro para el debate sobre las alternativas de gestión de un futuro sistema de pensiones basado en la capitalización personalizada. Además, creemos que es posible y conveniente aplicar modelos paralelos a otros sistemas de pensiones y prestaciones (desempleo, incapacidad, etc.), aportando también a esos sistemas la solidez, equidad y transparencia del que proponemos para la jubilación. La asociación fomentará el debate interno y social sobre estas alternativas.

 
9. El fondo de solidaridad y la transición entre sistemas

La ARP considera esencial la constitución de un fondo de solidaridad nutrido con un porcentaje razonable de las aportaciones de los trabajadores al sistema de capitalización personalizada. Con este fondo, el Estado deberá pagar la cotización mínima fijada por ley de aquellos trabajadores que temporal o permanentemente no puedan hacerlo por sí mismos. En realidad se trata de casos infrecuentes, ya que la deducción de los parados se deducirá de su prestación por desempleo. Nos parece de justicia que los trabajadores cuya cotización haya sido pagada por el fondo de solidaridad devuelvan a éste al menos una parte de lo recibido cuando vengan a mejor fortuna, para así contribuir al mantenimiento del fondo y ayudar al siguiente beneficiario.

La ARP considera que la transición desde el sistema de reparto al de capitalización personalizada debe realizarse a largo plazo. Durante ese extenso periodo transitorio de convivencia de ambos sistemas, debe quedar garantizado el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado respecto a los pensionistas actuales. La ARP está convencida de que unos pocos años de funcionamiento del nuevo sistema bastarán para que incluso las voces más críticas comprendan y defiendan la capitalización personalizada y el fondo de solidaridad como alternativas superiores al obsoleto modelo de reparto. Ese nuevo consenso social propiciará incluso el acortamiento del periodo de convivencia mediante la aceleración del proceso de transición.

 
10. Llamamiento a la ciudadanía

Por todo lo expuesto, la ARP llama a la ciudadanía, y particularmente a los trabajadores jóvenes, a apoyar una profunda reforma del sistema de pensiones que lo haga justo y proporcionado y dé libertad y seguridad a las personas durante su vida laboral y durante su vejez.

Firmado por los fundadores de la
Asociación para la Reforma de las Pensiones (ARP)
en Madrid, a 18 de mayo de 2009.

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