1. La propuesta de alargar la vida laboral hasta los 67 años es una muestra de la convicción íntima que tiene el gobierno, como los demás miembros del Pacto de Toledo, de que el actual sistema de pensiones “de reparto” es insostenible a consecuencia del cambio demográfico. La edad de jubilación no debería ser estándar, sino que debería decidirla cada ciudadano dentro de una horquilla de máximos y mínimos, en función de su profesión, de su apego a la misma y de las posibilidades derivadas del monto acumulado y capitalizado para esa persona por el sistema de pensiones. Para ello, naturalmente, es necesario realizar la transición a un sistema de pensiones basado en la capitalización personalizada de las aportaciones de cada trabajador para sí y los suyos.

2. La extensión del periodo de cálculo es igualmente un parche al actual sistema “de reparto” que muestra claramente el fracaso del mismo. El actual sistema es artificial e irreal, y todas las medidas que están poniendo sobre la mesa los partidos políticos y agentes sociales del Pacto de Toledo evidencian que el sistema está abocado a la bancarrota. En un sistema de capitalización como el propuesto por la ARP sería lógico que todo lo aportado a lo largo de la vida laboral “computara”, ya que en realidad todo ese aporte le sería devuelto al trabajador al jubilarse. En cambio, en el sistema actual extender o recortar esos periodos es una torpe medida que sólo intenta apuntalar un edificio en ruinas, seguramente perjudicando a unos y beneficiando a otros al complicar y retorcer más aún el sistema.

3. La ARP llama a la población a exigir el inicio de una transición sensata hacia el sistema de capitalización personalizada de las aportaciones de cada trabajador, con un fondo de solidaridad intrageneracional (y no intergeneracional) que cotice por quienes no puedan, acabando así con el actual sistema, arcaico y fracasado, que sólo ha conseguido empobrecer a nuestros mayores y recortar brutalmente el poder adquisitivo de los trabajadores en ejercicio, pesando además como una losa sobre las empresas y frenando la contratación.

4. La ARP señala como culpables a todos los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales del Pacto de Toledo por mantener vivo a toda costa el actual sistema de pensiones, y les pide la valentía y el sentido de la Historia necesarios para reconocer que el sistema “de reparto” es insalvable y necesita ser sustituido con urgencia por un nuevo sistema más ético, libre, flexible, personalizado y acorde con los parámetros económicos, la realidad demográfica y las demandas individuales de los trabajadores de hoy.

El Secretario General de la ARP, Juan Pina, realizó ayer unas declaraciones a La Vanguardia y a otros medios de comunicación en defensa del sistema de capitalización que propone nuestra organización, y que ya va ganando innumerables adhesiones entre personas de la más diversa tendencia política. La ARP cree llegado el momento de articular un amplio movimiento ciudadano en pro de la capitalización personalizada, y para ello está realizando gestiones de aproximación a todo tipo de organizaciones sociales.

La ARP cree injusto que los pensionistas costeen la recuperación económica. Las personas que malviven con una pensión baja necesitan un crecimiento anual muy superior a la de cualquier otro indicador económico, para converger con el resto de la ciudadanía. En cualquier caso, resulta evidente que esas personas nunca recuperarán, en general, lo que cotizaron durante su vida laboral.

Todo esto pone de actualidad una vez más la necesidad imperiosa de cambiar el sistema de pensiones actual, “de reparto”, por un sistema de capitalización personalizada en el que no corresponda al gobierno de turno decidir cuánto van a cobrar los pensionistas, porque éstos reciban el resultado de su aportación a lo largo de una vida de trabajo. Naturalmente, la ARP propone un fondo adicional de solidaridad que cotice por quienes no puedan, para que nadie se vea obligado, en la vejez, a conformarse con una miserable pensión “no contributiva”.

El anuncio realizado hoy por el presidente del Gobierno respecto al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones en 2010, y sobre la mejora de las pensiones más bajas, es a juicio de la ARP difícil de creer en el actual contexto de grave crisis económica. Pero lo más grave es que nuevamente se esgrime la subida de las pensiones como arma política entre los partidos. Tanto el gobernante socialista como la oposición conservadora han manifestado su apoyo a una mejora del poder adquisitivo de las pensiones más bajas, pero ninguno de ellos entra a analizar por qué son tan reducidas tras una vida laboral entera. Lo son, sencillamente, porque a los ciudadanos no se les devuelve lo que cotizaron. Esos fondos ya se gastaron en atender (mal) a pensionistas anteriores.

La ARP pide tanto al gobierno como a la oposición que dejen de jugar con el monto de las pensiones y alcancen un pacto de Estado para iniciar la ineludible transición hacia un sistema de capitalización personalizada. Una vez que éste se halle en funcionamiento, ya no corresponderá a los políticos anunciar subidas ni bajadas de las pensiones porque éstas serán completamente independientes de la voluntad de los gobernantes, y dependerán en cambio del fondo acumulado para cada trabajador durante toda su vida laboral, siempre con un fondo de solidaridad que cotice por quienes no lo puedan hacer.