Asociación para la Reforma de las Pensiones

Comparativa de sistemas

Comparativa de sistemas de pensiones

El sistema de pensiones actual (o sistema “de reparto”) no resiste una comparación con el sistema de capitalización personalizada para la jubilación.  Aquí puedes visualizar rápidamente las consecuencias de cada sistema sobre cada una de las cuestiones enunciadas.

SISTEMA ACTUAL

SISTEMA PROPUESTO

“De reparto”

De capitalización personalizada

 

Durante la vida laboral

El trabajador aporta cantidades fijadas por el Estado, sin flexibilidad alguna para aportar más cuando le va bien o reducir su aportación en épocas adversas. El trabajador puede aportar más o menos, existiendo un límite mínimo. Si atraviesa una mala época pero cotizó de más en el pasado, puede suspender temporalmente su cotización.
Las aportaciones del trabajador van a un fondo colectivizado, por lo que pierde sus derechos específicos sobre el dinero entregado. El Estado le dará en su día la pensión que considere oportuna. El trabajador aporta a su propia cuenta de jubilación personalizada, ve cada mes su evolución y sabe que lo aportado le pertenece y se va incrementando con el tiempo.
Si el trabajador fallece, sus herederos no recuperarán lo que aportó: habrá sido en vano, porque el Estado se quedará con lo aportado. Si el trabajador fallece, sus herederos tienen derecho a recuperar la práctica totalidad del capital aportado más su rendimiento.
 

Al jubilarse

El trabajador ha cotizado durante toda su vida laboral y se jubila a la edad exacta que decide el Estado. Sólo los últimos quince años de cotización definen la cuantía de la pensión a cobrar. El trabajador tiene flexibilidad para jubilarse más pronto o más tarde dentro de unos límites más amplios. La cuantía de la pensión a cobrar es la producida por toda la aportación hecha.
Hay límites e intervalos en la cuantía de las pensiones, fijados arbitrariamente por el Gobierno en función de sus políticas. La cuantía de las pensiones depende de lo que uno aportó y capitalizó, sin intervención de las autoridades. No hay límites ni intervalos.
El pensionista cobra estrictamente una renta fijada por el Estado. No puede escoger el cobro de una parte de lo aportado durante años. El pensionista decide si cobrar todo como renta o una parte de golpe, por ejemplo para poner un negocio o cancelar su hipoteca u otras deudas.
El pensionista siempre cobrará menos de lo que ganaba cuando trabajaba. El pensionista generalmente cobrará lo mismo o más que cuando trabajaba.
Si el jubilado no pudo cotizar bastante durante su vida laboral, recibirá una pensión no contributiva francamente miserable, inferior incluso al salario mínimo interprofesional del momento. Ello se debe a la ausencia de un fondo de solidaridad que contribuya por aquellos trabajadores que no puedan hacerlo. El jubilado siempre tendrá una pensión digna, equivalente cuando menos al salario mínimo, porque durante los periodos en que un trabajador no puede cotizar lo hace por él el Estado con cargo a un fondo de solidaridad, nutrido con un pequeño porcentaje de las aportaciones de los demás trabajadores.
 

Efectos del sistema

Los políticos pueden afectar con sus decisiones el monto de las pensiones, los requisitos para percibirlas, la edad de jubilación y otros elementos. Por ello pueden comerciar electoralmente con las pensiones, asustando sobre lo que pasará si ganan sus competidores y prometiendo pensiones más altas si ganan ellos. El monto de las pensiones no depende de los políticos, que no pueden decidir sobre su cuantía ni sobre sus otras características. Por lo tanto, las pensiones y su gestión están libres de cualquier manipulación política. Los electores no tienen en cuenta el factor pensiones al decidir su voto, porque saben que no influirá en su pensión.
El trabajador, en realidad, paga unas cantidades elevadas que se destinan a mantener a los pensionistas del momento. El trabajador paga para sí mismo y su familia, más una aportación razonable al fondo de solidaridad que cotiza por quienes no pueden.
Los trabajadores perciben la cotización como un impuesto más, y tratan de evitarlo si pueden. Los trabajadores perciben la cotización como una inversión y quieren cotizar más cuando pueden.
Los trabajadores tienen dudas legítimas sobre la capacidad futura del Estado para pagarles una pensión digna, y saben que en cualquier caso no será proporcional a su esfuerzo actual. Los trabajadores no tienen dudas sobre si van a cobrar o no. Ven cada mes en su extracto la evolución exacta del capital y una proyección hasta su fecha estimada de jubilación.
Los trabajadores deben confiar en que el Estado gestione bien los fondos aportados, y carecen en realidad de datos objetivos para saber si lo está haciendo o no. Además, quedan completamente descartados los gestores alternativos de estos fondos públicos. Los trabajadores saben con exactitud si el Estado está gestionando bien su capital, caso por caso, y pueden por lo tanto reaccionar. Además, pueden introducirse gestores alternativos al Estado para estos fondos (siempre públicos), como ya se hace el caso de las mutuas de accidentes.
El sistema provoca un encarecimiento del trabajo, sobre todo cuando hay relativamente pocos trabajadores en activo en proporción a los pensionistas. El trabajo no se ve encarecido (ni abaratado) por el sistema de pensiones, ya que el ahorro obligatorio (y su extensión voluntaria) no es proporcional al ratio trabajadores/pensionistas.
El sistema perjudica muy especialmente a los jóvenes. Son quienes en mayor medida lo perciben como impuesto, y quienes más dudas albergan respecto a su futura pensión. El sistema es equitativo con independencia de la edad. Los jóvenes son quienes más quieren contribuir, conscientes de estarse labrando un futuro con la aportación de cada mes.
El sistema hace de la Tercera Edad un colectivo empobrecido y necesitado de la solidaridad de los demás. Durante toda su vida laboral se les ha obligado a pagar unas cantidades arbitrarias que no han revertido realmente en su propia jubilación. Esto debilita a los ancianos, que pueden ser una carga para sus hijos y nietos. El anciano depende de la buena voluntad de sus descendientes o del Estado. El sistema mantiene y generalmente incrementa el poder adquisitivo de los mayores, que pasan a ser un colectivo económicamente bien situado: es lo lógico, ya que llevan toda una vida trabajando, ahorrando e invirtiendo. Los ancianos normalmente ayudarán a sus hijos y nietos, no al revés. El anciano es una persona libre que no depende de la caridad de sus descendientes ni de la solidaridad pública.
El sistema es opaco, y se ha revelado incapaz de mantener el valor de los fondos que custodia en nombre de millones de trabajadores. El sistema de capitalización es transparente, y allí donde está en vigor mantiene y aumenta el valor de los fondos de los trabajadores.
Por diversas vías, el sistema “de reparto” merma considerablemente la libertad y la seguridad tanto del trabajador como del pensionista. El sistema de capitalización preserva la libertad y la seguridad durante la vida laboral y durante la vejez.

 

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